El Gobierno Socialista del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz ha recurrido a la vía del contencioso administrativo el nombramiento del nuevo secretario general titular de la Corporación por la Dirección General de la Función Pública de la Comunidad Autónoma por entender que se conculcan los requisitos de publicidad y libre concurrencia y se menoscaba la autonomía municipal. Este extremo fue debatido al final de la última sesión plenaria del Consistorio del presente año en virtud del ruego formulado por la portavoz del Grupo Mixto (Partido Popular), Eva Navarro, por el que solicitaba la aplicación de la resolución de la Dirección General de la Función Pública para que se le diera posesión al secretario general de la Corporación, y así cubrir la vacante dejada, por jubilación, por el anterior titular Santiago Baeza, cuyo puesto ha sido cubierto provisionalmente por decisión del equipo gobernante.
La edil conservadora esgrimió la comunicación de la Dirección General de la Función Pública de la Consejería de Presidencia , Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, con fecha de salida, 4 del presente mes de diciembre, en la que se relata que el día 2, Domingo Jesús Hernández presentó un documento en el que informa de que el un día antes se presentó en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz para tomar posesión del puesto de trabajo, en cumplimiento de la resolución de nombramiento provisional funcionario habilitado con carácter estatal para desempeñar el puesto de Secretaría, clase primera, que de encuentra vacante en el Consistorio”.
Según se indica en el documento leído en la sesión plenaria y facilitado a los medios de comunicación, el 2 de diciembre Domingo Jesús Hernández presentó un escrito en la Dirección General de la Función Pública, en el que narra que el día primero de este mes se presentó en el Ayuntamiento pero no se le dio posesión del cargo. En consecuencia, una vez conocida tal circunstancia la Dirección General de la Función Pública requiere al Ayuntamiento para que cumpla la resolución y, en consecuencia, advierte en el escrito que “cualquier conducta de la Corporación dirigida a demorar o impedir la toma de posesión del funcionario que infringe el ordenamiento jurídico”.
Aclara que “la resolución de nombramiento se presume válida y produce efectos desde su notificación. En consecuencia, esa presidencia viene obligada a conferir la toma de posesión a Domingo Jesús Hernández, en atención a su naturaleza de acto debido, de conformidad con el Reglamento de Funcionarios de Administración Local de 1952”, al tiempo que indica que la toma de posesión se configura como un derecho subjetivo del funcionario, que determina la adquisición de los derechos y deberes funcionariales inherentes a la situación de servicio activo, derecho que, en ningún caso, puede ser desconocido o vulnerado por la autoridad.
La Dirección General indica que “la negativa a dar posesión puede ser constitutita de un delito de prevaricación, como ha declarado el Tribunal Supremo en sentencia de 25 de abril de 1998 y de 4 de mayo de 1994”.
Del escrito de alegaciones que presentó la Corporación el 12 de noviembre, “se infiere que, desde la jubilación del anterior titular, las funciones de Secretaría, que, por exigencia legal, se hallan reservadas a funcionarios con habilitación de carácter estatal, están siendo ejercidas por funcionario propio por nombramiento accidental. Dicho nombramiento ha de reputarse ilegal- y los actos emanados del funcionario pueden hallarse viciados de irregularidad invalidante, por lo que la Dirección General no ha emitido el informe preceptivo exigido en el artículo 33, párrafo 2, del Real Decreto 1.732/1994, imprescindible para conferir nombramiento accidental-,y porque, desde la entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Público, la competencia para conferir los nombramientos accidentales se halla residenciada, asimismo, en las comunidades autónomas.
Eva Navarro dijo desconocer las motivaciones del Gobierno Socialista de mantener una secretaría accidental sin que sea de funcionario habilitado de carácter nacional y advirtió que la imagen de la ciudad resulta dañada con este episodio jurídico desde el punto de vista administrativo, particularmente, ante los interventores, tesoreros y secretarios de Canarias. Añadió que “la Alcaldía ha optado por recurrir ante la Justicia para evitar el nombramiento”.
Por su parte, el portavoz de Coalición Canaria, Marcos Brito, indicó que se tendrá que esperar a la resolución judicial y atenerse a las consecuencias de un posible fallo adverso para el Ayuntamiento, que implicaría abonar los haberes atrasados desde el 1 de diciembre.
Discrepancias
El primer teniente de alcalde y portavoz del Grupo de Gobierno Socialista, Jaime Coello, explicó, tras la celebración del pleno ordinario de la corporación que “se trata de una discrepancia jurídica entre la Dirección General de la Función Pública de Canarias y el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Entendemos que, para la asignación del nuevo secretario del Consistorio no se ha cumplido una serie de requisitos como la publicidad y libre concurrencia y, en cierto modo, no estamos de acuerdo con el modo con que se nos ha querido imponer esa figura. Nosotros hemos presentado un recurso contencioso administrativo contra ese nombramiento, que se resolverán los tribunales. Estamos convencidos de que estamos actuando correctamente y nos ampara el derecho, por eso hay una discrepancia jurídica entre las dos administraciones”.
Coello reiteró que “se vulneran la autonomía local y la libre publicidad y de concurrencia, puesto que no ha publicado ningún anuncio”.
