La piqueta pone fin a tres década del Refugio Internacional de Animales del Puerto de la Cruz
El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha procedido en la mañana de hoy al desalojo y derribo de las instalaciones del Refugio Internacional de Animales de Punta Brava, en virtud de un auto judicial recibido ayer por el que se desestimó la suspensión cautelar de la ejecución del desalojo aprobado por el Pleno de la Corporación el pasado mes de junio. El derribo y desalojo de la perrera, ubicada en un solar municipal, está motivado por las obras de construcción de la nueva carretera-variante de Las Dehesas, que ejecuta desde hace varios meses el Cabildo de Tenerife y que supondrá un nuevo acceso directo al centro de Puerto de la Cruz desde Los Realejos.
En un informe difundido por el Gabinete de Prensa de la entidad municipal, se indica que personal de las áreas de Sanidad, Patrimonio, Policía y Servicios accedió al recinto a primera hora de la mañana para proceder al desalojo de los animales que se encontraban en el mismo. El operativo se desarrolló con total normalidad y sin incidentes de ningún tipo. La presidenta y el personal voluntario del Refugio de Punta Brava colaboraron en el traslado y ayudaron a instalar a cada perro en su correspondiente “transportin”. Un total de 27 perros, 3 de ellos cachorros, fueron transportados a las instalaciones del Refugio ‘Acción del Sol’, en Granadilla, uno de los mejores de la Isla, según la técnico veterinaria del Gobierno de Canarias.
El personal voluntario del Refugio de Punta Brava se quedó con nueve de los animales, que serán acogidos temporalmente por una clínica veterinaria de La Orotava hasta que se puedan ocupar de ellos. El área de Sanidad Municipal se hará cargo del coste por espacio de un año de la estancia de los 27 perros trasladados al Sur de la Isla, mientras la presidenta del Refugio portuense solventa los trámites administrativos para poner en marcha la perrera en otro municipio.
Desde primera hora de la mañana, los concejales de Patrimonio, David Bernat; de Sanidad, Luis Miguel Rodríguez; y de Policía y Servicios Municipales, Domingo Yanes, coordinaron in situ el operativo de desalojo. El edil Domingo Yanes se desplazó además hasta Granadilla para supervisar la llegada de los animales a su nuevo hogar y garantizar en todo momento su bienestar.
Una veterinaria de la Dirección General de Ganadería de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias levantó acta del proceso de desalojo y traslado, garantizando de este modo su corrección. El informe de la veterinaria señala que “el grave deterioro de las instalaciones …(se cita además, el paso por este punto de la carretera insular) no reúne los requisitos mínimos para aplicar un programa sanitario de bienestar animal, estando el edificio en ruinas, reparado con materiales de deshecho y sin suelo o techo adecuados, por lo que se procede a retirar la autorización zoosanitaria y dar baja”.
Las garantías que ha ofrecido este proceso a lo largo del día de hoy culminan con éxito los trámites que desde septiembre del 2006 se han seguido por parte de las áreas implicadas, incluidas la propia Alcaldía y Urbanismo y Obras en los últimos meses. Termina hoy pues un complicado proceso sobre el que el Ayuntamiento ha tenido siempre la mejor de las disposiciones de cara a buscar una salida a todas las partes implicadas.
La jueza del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Santa Cruz de Tenerife acordó el lunes desestimar la medida cautelar solicitada por la Asociación Refugio Internacional de Animales de Puerto de la Cruz contra el acuerdo plenario del Ayuntamiento portuense de 30 de junio pasado, en el que se acordó declarar extinguido el precario que ostentaba dicha asociación sobre la parcela municipal donde se ubica la perrera de Punta Brava.
Señala la jueza en su auto que “en el presente caso debe ponderarse el equilibrio entre el interés de la parte recurrente en seguir con el mantenimiento de las funciones de la perrera y el interés público de la realización de las obras de la variante urbana de la TF—1323 (tramo Puerto de la Cruz C-820) que afectan y son de interés para los ciudadanos, a tenor del informe emitido por el Servicio de Carreteras del Cabildo de Tenerife”.
En el citado informe del Cabildo se indica que de no producirse la urgente demolición de la perrera y la disposición de los terrenos “la empresa adjudicataria (UTE COMSA-Tinerfeña de Obras Públicas) tendrá derecho a solicitar la resolución del contrato y la petición de indemnizaciones. Este hecho implicaría graves costos, tanto sociales como económicos, pues habría que licitar de nuevo el resto de obra, con el tiempo que ello conlleva, dejando la obra tal y como se encuentra en la actualidad”.
Añade el informe del Cabildo que las obras podrían continuar sin la disposición del terreno de la perrera “pero sucederá una irregularidad importante en la carretera. No se podrá dar continuidad a las aceras por lo que los viandantes tendrán que invadir la calzada. Asimismo, sería necesario implantar una curva de radio pronunciada para no invadir la perrera, con el perjuicio que a la seguridad vial ello representa. De igual manera se verían afectados servicios tales como teléfono, alumbrado público, etc.”.
Por otra parte, señala el auto de la jueza que a la administración “le corresponde velar por las condiciones de seguridad y salubridad públicas a fin de que no se produzcan daños para los intereses generales o de tercero que en este caso también pueden resultar afectados. Por otro lado, los daños y perjuicios que se producirían en ningún caso serían de imposible o difícil reparación por cuanto son susceptibles de valoración económica y el Ayuntamiento se compromete a la reubicación de los animales y en todo caso la ejecución del acto no hace perder su finalidad legítima al recurso”.
Foto facilitada por el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz.
