La Junta de Gobierno del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, que preside la alcaldesa socialista, Lola Padrón, se ha reunido con carácter de urgencia, para estudiar las medidas a adoptar ante la huelga que desde el jueves pasado mantiene el servicio municipal de recogida domiciliaria de basuras y limpieza viaria, y a la vista de los problemas ocasionados por el incumplimiento de los servicios mínimos establecidos.
La junta municipal de Gobierno acordó en primer lugar requerir a la empresa concesionaria del servicio, la UTE SUFI-Tarajal, “para que de forma inmediata cumpla los servicios mínimos establecidos en la resolución de la Dirección General de Trabajo de 8 de abril del corriente año, con la advertencia de que si no lo hiciera se acudirá a la medida que para estos casos señala el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”.
Por otra parte, la junta acordó dirigirse a la Dirección General de Salud Pública para que, a través del Servicio de Inspección de Salud Pública y Laboratorio, emita informe sobre la situación de riesgo epidemiológico y sanitario que se está produciendo por la acumulación de más de 300 toneladas de residuos en la vía pública.
Como medida excepcional de emergencia, el grupo de gobierno ha acordado también habilitar un punto de depósito de basuras en la zona de Piedra Redonda-Las Arenas, para que los ciudadanos y empresas viertan ahí sus residuos durante los días que dure la huelga, con el fin de evitar problemas de salud pública y que la imagen turística de la ciudad resulte dañada. La Junta de Gobierno acordó solicitar la colaboración de los vecinos y vecinas a través de los medios de comunicación y mediante un servicio de megafonía por las calles de la ciudad.
La Junta de Gobierno acordó asimismo, poner en conocimiento del subdelegado del Gobierno la situación generada por esta huelga y el incumplimiento de los servicios mínimos, por si pudiera derivarse de la misma riesgos para la seguridad pública. Por último, se facultó a la alcaldesa para que si persistiera o se agravara esta situación, proceda a adoptar las medidas excepcionales señaladas en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
La alcaldesa Lola Padrón decidió convocar hoy de forma urgente la Junta de Gobierno ante el reiterado incumplimiento de los servicios mínimos del 33%, y ante las numerosas quejas recibidas de asociaciones de hoteleros, comerciantes y empresas en general, así como de infinidad de ciudadanos. La alcaldesa ha solicitado informes tanto de la Policía Local como del Agente Sanitario Municipal, acerca de la no prestación de los servicios mínimos de la huelga y de los posibles riesgos sanitarios en caso de que se prolongue este conflicto que, según Lola Padrón, “es injusto e injustificado pues en el preacuerdo alcanzado ya se contempla una subida salarial histórica del 28% para los trabajadores”.
El gobierno local se plantea incluso dejar sin efecto el preacuerdo alcanzado con los trabajadores y la empresa el 1 de febrero pasado, “debido a la pérdida de confianza generada por la intransigencia demostrada por los trabajadores, que no aceptan esperar el plazo de un mes señalado en dicho preacuerdo para elaborar el necesario informe económico-financiero antes de fijar la fecha de pago”.
La concejala delegada de Urbanismo, Obras y Servicios, Eva Navarro, y el concejal delegado de Policía, Domingo Yanes, continúan coordinando el operativo especial diseñado por el gobierno municipal para intentar paliar los efectos negativos de esta huelga tanto en la imagen turística de la ciudad como en la salud pública del municipio.
