19 diciembre 2006

La Comisión del Pacto Antitransfuguismo reprueba a Coalición Canaria por el caso del Puerto de la Cruz

El Partido Popular de Tenerife informa de que la Comisión Nacional de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo ha condenado hoy definitivamente a Coalición Canaria por un caso flagrante de transfuguismo del ayuntamiento de Puerto de la Cruz.
Según el documento al que ha tenido acceso ACTUALIDAD DEL PUERTO DE LA CRUZ, la Comisión Nacional de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo, reunida en Madrid bajo la presidencia del ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y con representación de las principales formaciones políticas del país, consideró hoy que Coalición Canaria ha vulnerado lo dispuesto en el Acuerdo contra el Transfuguismo al apoyarse en un concejal tránsfuga del Partido Popular para mantener una mayoría de gobierno que nunca obtuvo en las urnas en las elecciones de 2003. El acuerdo definitivo, que puede ser consultado en la página web del Ministerio de Administraciones Públicas, hace referencia a unos hechos que se remontan a la primavera de 2005 cuando el alcalde de Coalición Canaria, Marcos Brito, incorporó al equipo de gobierno municipal en las áreas de Urbanismo y Medio Ambiente al concejal tránsfuga Luis Gómez, que había abandonado meses antes la disciplina del partido y del grupo por el que fue elegido, sin renunciar al acta de concejal. De esta forma, Coalición Canaria y el alcalde nacionalista de Puerto de la Cruz consumaron una realidad política tipificada con absoluta claridad como fenómeno de transfuguismo en los acuerdos establecidos entre partidos políticos de ámbito nacional y autonómico desde 1998. Acuerdos suscritos, entre otros, por el presidente de Coalición Canaria, Paulino Rivero. El Partido Popular reclamó entonces atendiendo a la Ley de Bases de Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales que el concejal tránsfuga –al abandonar el grupo político por el que fue elegido- no podía acceder al grupo de gobierno debido a que de esa forma disfrutaría de unas condiciones políticas y económicas superiores a las que le hubieran correspondido de permanecer en su grupo político de origen, desde entonces en la oposición municipal. El propio secretario del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, el funcionario de más rango en la corporación, informó desfavorablemente por escrito de la incorporación del concejal tránsfuga al equipo de gobierno municipal por vulnerar de esta forma la Ley de Bases de Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales. Informe que el alcalde de Coalición Canaria desoyó para a continuación contratar con cargo a los fondos públicos los servicios de un especialista de derecho administrativo peninsular, que pasadas las semanas informó favorablemente, de acuerdo a los deseos del alcalde Marcos Brito. "Cabe destacar que esta situación de transfuguismo continúa hasta nuestros días-se indica en el informe-y, en ningún caso, ha sido denunciada o criticada por la formación política promotora y beneficiaria de la misma; es decir, Coalición Canaria, que prefiere guardar un silencio cómplice con la irregularidad manifiesta cometida por su partido y su alcalde en el Puerto de la Cruz.

Código ético Esa situación quiebra, como antes se indicó, los siguientes acuerdos o compromisos: Uno.- Acuerdo sobre un Código de Conducta Política en relación con el Transfuguismo en las Corporaciones Locales, firmado en julio de 1998 y renovado posteriormente por las principales fuerzas políticas de ámbito nacional y autonómico (PP, PSOE, CiU, IU, ERC, PNV, y por supuesto Coalición Canaria), donde se condena el fenómeno y se renuncia expresamente por las partes firmantes a hacerse valer de los concejales tránsfugas para garantizar o modificar las mayorías de gobierno. Tal y como establece el segundo punto de este acuerdo en los siguientes términos literales: Asimismo se comprometen a impedir la utilización de tránsfugas para constituir, mantener o cambiar las mayorías de Gobierno de las instituciones públicas, a no apoyar ninguna iniciativa que provenga de los mismos, y a desincentivar el transfuguismo político a través de la adopción de medidas disuasorias de carácter económico, reglamentario y protocolario.

Dos.- Distintas iniciativas contra el transfuguismo aprobadas por el Congreso de los Diputados por todos los partidos del arco parlamentario, entre los que se encontraba Coalición Canaria. Tres.- A mayor abundamiento, el propio programa electoral de Coalición Canaria a las elecciones generales 2004 advierte textualmente como compromiso político de esta formación la determinación a denunciar el transfuguismo como una utilización abusiva de la voluntad de los electores y promover un pacto entre las fuerzas democráticas para erradicar esta práctica de la vida política.

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Coalición Canaria matiza que el caso de Puerto de la Cruz es anterior a la ampliación de supuestos de transfuguismo acordada por la Comisión

Coalición Canaria de Puerto de la Cruz, una vez han trascendido las resoluciones de la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo, reunida ayer en Madrid, y en la que se ha determinado que desde la reunión del pasado mes de julio se han detectado seis casos, uno de ellos en la ciudad turística, asume esta resolución pero advierte de que “el caso de Puerto de la Cruz hace referencia a unos hechos que, en aquel momento, no estaban contemplados dentro del pacto. Indica que en la addenda aprobada en la sesión de julio pasado es cuando se amplía esta imputación al beneficiario y no sólo a la persona que hubiera provocado los hechos catalogados como de transfuguismo”. Igualmente, los partidos firmantes del Pacto han acordado remitir dos casos controvertidos a la recién creada Comisión de Expertos independientes que decidirá en los supuestos en que haya discrepancias entre los partidos. Se trata de los casos planteados en los municipios de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de la Laguna. En todo caso, Coalición Canaria de Puerto de la Cruz quiere recordar que en el balance final que hace la Comisión sobre vulneraciones de este pacto no figura caso alguno en el que se implique a los nacionalistas canarios, mientras que sí se significa que el PP ha violado el Pacto suscrito por todas las fuerzas parlamentarias, desde las elecciones de mayo de 2003 y en el conjunto del Estado, en 40 municipios, el PSOE lo ha hecho en 23 casos, e IU en 4 ocasiones. _____________________________________________