El PSOE cree que las privatizaciones realizadas por el anterior gobierno de CC “ahogan a los trabajadores”

Los socialistas del Puerto de la Cruz, a través de la secretaria general María Jesús Ferrer, consideran que la manifestación convocada por los empleados de SUFI Tarajal, que reivindican, con todo su derecho, un salario digno y una negociación colectiva de la citada empresa se debe a las innecesarias privatizaciones llevadas a cabo en el anterior mandato por Coalición Canaria (CC). María Jesús Ferrer (PSOE) explica que “desde el año 2006 anunciamos que la política de privatizaciones llevada a cabo por Marcos Brito (CC), perjudicaría a trabajadores y supondría un aumento de los impuestos para los ciudadanos. Hoy este argumento se hace cada vez más palpable y las víctimas de esta nefasta gestión de CC son los trabajadores, los portuenses, y si no se llega a un nuevo acuerdo, nuestros visitantes y turistas”. En este sentido Ferrer recordó que “la citada privatización respondía a un déficit brutal del anterior gobierno municipal en cuanto a gestión de Limpieza y Servicios por su ineficacia. Ahora – continúa Ferrer – somos los portuenses y el actual gobierno local, quiénes pagamos la mala gestión de Coalición Canaria en unas fechas tan importantes, turística y culturalmente hablando, como son los Carnavales portuenses”.Los socialistas esperan que por el bien de la ciudad, tanto la empresa como los trabajadores lleguen a un acuerdo y no perjudique esta situación a la primera ciudad turística de Canarias. Asimismo la máxima responsable del PSOE portuense explica que “mucho nos tememos, que a parte de esta manifestación, seamos los portuenses los que paguemos más impuestos por esta privatización de las cooperativas de limpieza y recogida domiciliaria de basura llevada a cabo en el pasado mandato". Por su parte, la concejala de Urbanismo, Planificación, Obras y Servicios municipales del ayuntamiento del Puerto de la Cruz, Eva Navarro, confía en un acuerdo final que evite la anunciada huelga de los trabajadores de la empresa Sufi Tarajal. La responsable del servicio municipal de limpieza pública apunta que la empresa concesionaria le informa sobre los avances en las negociaciones. “Se trata de la negociación del primer convenio colectivo-añade-, recogido en el pliego de condiciones de la concesión del servicio por parte del Ayuntamiento. Las conversaciones se están manteniendo desde el pasado mes de diciembre y en las últimas semanas se han cerrado ya importantes acuerdos”. Explica que “en estos momentos la negociación ha llegado al punto clave, como en cualquier proceso de este tipo, la revisión salarial. Las conversaciones en ningún momento se han interrumpido. El diálogo es constante y la negociación continuará hasta consensuar las posturas, hasta que se llegue a un acuerdo satisfactorio para los trabajadores, la empresa y el propio Puerto de la Cruz”. No obstante, en caso de que no se conciliaran posturas antes del martes, fecha en la que está convocada la huelga, la concejala aclara que ya se han previsto unos servicios mínimos de acorde con lo estipulado por la Delegación de Trabajo, de manera de que las labores de limpieza se vean lo menos afectada posible. Eva Navarro confía en que “no se llegue a este último punto, para lo cual anima a ambas partes a llegar a un acuerdo que satisfaga tanto las pretensiones de los empleados como las posibilidades de la empresa, acuerdo que repercutirá en la buena imagen del Puerto de la Cruz”. La edil agradece asimismo el esfuerzo que ambas partes en esta negociación están realizando en este sentido, así como hace pública su satisfacción por el gran trabajo que están desarrollando en la prestación del servicio de limpieza en el municipio. Como se recordará el ayuntamiento del Puerto de la Cruz, en el anterior mandato, adjudicó la concesión administrativa del servicio de limpieza pública y recogida de residuos sólidos urbanos a la unión temporal de empresas Sufi Tarajal, por un período de 10 años, al haber presentado la mejor oferta de las sociedades que se presentaron a concurso. La oferta base no podía superar los 3,1 millones de euros.