01 noviembre 2009

Cuarenta familias "exiliadas" del edificio Iders desde hace 18 años



El edificio Iders de la avenida de la Familia Agustín de Betancourt Molina del Puerto de la Cruz se ha convertido en un testigo elocuente de 18 años de un progresivo deterioro que desentona con uno de los núcleos urbanos y turísticos más relevantes de la ciudad turística, fruto de intereses contrapuestos de propietarios y de la pavorosa lentitud administrativa que impide una solución satisfactoria. La licencia de obras concedida por el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz en 2006, por la que la comunidad de propietarios abonó 102.000 euros, se ha transformado en papel mojado ante las reiteradas impugnaciones y recursos interpuestos por la representación del 26,48% de la propiedad del edificio que ya planteó en su momento la declaración de ruina y que se decanta por la demolición y reconstrucción del inmueble, frente al criterio de la mayoría que defiende la rehabilitación. Esto es que, de declararse la ruina y la posterior reconstrucción, el inmueble perdería 4 de las 9 plantas existentes, según aclaró la presidenta de la comunidad de propietarios, Milagros Castro, que representa al 73,52%, del total, e implicaría la pérdida de viviendas.
La comunidad de propietarios del edificio Iders del Puerto de la Cruz se reunirá en asamblea general el día 14 de noviembre para intentar desbloquear el proceso de rehabilitación, debido a la sistemática oposición de la representación minoritaria encabezada por el empresario Francisco Rodríguez Castro, con la que hay entablada un litigio que dura varios años.
Milagros Castro muestra su desencanto ante la imposibilidad aún de encontrar una salida justa a un problema que no se ha resuelto en casi dos décadas y que amenaza con enquistarse.
El estudio realizado en su día por la empresa consultora Bureau Veritas echó por tierra el dictamen técnico que determinaba la existencia de aluminosis en la estructura del inmueble, que provocó su desalojo de los 84 apartamentos y 14 locales comerciales en 1991, por orden de la Dirección General de la Vivienda del Gobierno de Canarias, siendo alcalde de la ciudad turística, Félix Real González. Las afecciones sólo se habían detectado en una vigas superiores, según explicó a EL DÍA el arquitecto técnico Ángel Alonso. Desde entonces, los propietarios no han podido regresar a sus viviendas o restablecer la actividad comercial en la parte inferior del edificio, donde había restaurantes, cafeterías y otros establecimientos.
La demolición y posterior reconstrucción se barajó en una primera etapa del proceso de discusión de las soluciones aportadas, pero tropezaba, y aún persiste el escollo, con el Plan General de Ordenación Urbana y otras disposiciones jurídicas que determinan que de optarse por la reconstrucción, se tendría que rebajar en cuatro plantas el inmueble, o reducir su volumetría. El planeamiento urbanístico vigente no permite su reconstrucción con la misma volumetría, por lo que los propietarios se decantaron por la reparación del inmueble, que se ha valorado en 5,5 millones de euros.
La vida útil del edificio Iders (construido en 1965) una vez rehabilitado se estima en torno a los 50 años, según los técnicos, que se considera más que suficiente para la recuperación de la inversión.
La presidenta de la comunidad de propietario invoca un acuerdo institucional, por unanimidad, del pleno ordinario del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz del 21 de septiembre de 2009, para que se instara al Gobierno de Canarias que proponga a la administración central la declaración de área de rehabilitación integral el sector de Martiánez donde se encuentra el edificio Iders. El consistorio acordó, igualmente, solicitar del resto de administraciones públicas la concesión de ayudas a los propietarios para acometer la rehabilitación del inmueble.
El proyecto de rehabilitación integral del edificio Iders cumple toda la legislación que le afecta y tiene concedida una licencia municipal de obras y construcciones, según se reconoce en el informe que avala la propuesta institucional sobre la búsqueda de vías de financiación oficial para su ejecución. Las cuestiones de orden jurídico y económico retrasan la rehabilitación del inmueble, con el consiguiente encarecimiento del proyecto, y a la aparición de daños en la estructura del edificio, y el consiguiente suciedad y deterioro de la imagen externa para el entorno turístico y comercial de Martiánez, así como la invasión de “ocupas”.
La rehabilitación de este inmueble será beneficiosa para la zona de Martiánez, en particular, y el Puerto de la Cruz, en general. Según el acuerdo institucional, favorecerá la seguridad inversora, la calidad turística y el comercio local.

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