18 mayo 2006

¿Llega el fin del drama humano y social de los propietarios del edificio Iders?

El Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz acordó conceder la licencia de rehabilitación del edificio Iders, con lo que, en principio, se entra en la vía de superación de un auténtico drama social y humano, que tiene en vilo a gran parte de la comunidad de propietarios desde que en 1991 fueran desalojados de sus casas y locales comerciales por orden de la Dirección General de la Vivienda del Gobierno de Canarias amparada en un informe técnico que certificaba la existencia de un proceso aluminoso en su estructura y que pasados los años se demostró que no era tan grave como se había indicado. En algo más de década y media muchas familias han visto mermadas sus economías y otras corrieron peor suerte al tener que desprenderse de sus propiedades ante la imposibilidad de retornar a sus viviendas. Desde 1991 el edificio ha sido cántico a la lucha desesperada de los titulares de los 84 apartamentos y 14 locales comerciales, aunque desde un tiempo hasta ahora se ha generado una división interna con la adquisición de una parte del edificio, originando un conflicto de intereses sobre la manera de solventar el problema, y debido a la rigidez de la ordenación urbanística que, por ley, impide, en caso de demolición, que se reconstruya con la misma volumetría. Es decir, el edificio, de 9 plantas, se vería reducido a 6, lo que no contentaba a la mayoría, que optó, finalmente, por el procedimiento de la rehabilitación. Con la concesión de la licencia municipal de obras, una vez resuelto, inicialmente, el expediente contradictorio, y conocida la voluntad de la mayoría de los propietarios de acometer la rehabilitación, no acaba el proceso administrativo. La previsible interposición de recursos de reposición y contencioso administrativo podrían paralizar el proceso. No digamos si se plantea agotar todas las vías legales hasta llegar al Tribunal Supremo. Las partes implicadas en el litigio abierto por el edificio Iders tienen un plazo de un mes para recurrir la decisión del área de Urbanismo ante el Ayuntamiento, y también la posibilidad de acudir a la vía judicial específica. Confiemos en que se imponga la generosidad y el diálogo constructivo que posibilite la recuperación de este inmueble de la avenida del Generalísimo, que sus propietarios retornen a sus hogares y los empresarios a sus negocios. Es necesario mirar hacia delante, prescindir de los reproches y del uso político y partidista de una desgracia colectiva, con sus nombres y apellidos. Habría que dejar de lado la demagogia y el oportunismo, y ponerse manos a la obra. No es lo mismo predicar que dar trigo.