11 septiembre 2005

El impacto medioambiental del muelle pesquero y deportivo

El estudio de impacto medioambiental del futuro muelle deportivo y pesquero del Puerto de la Cruz será analizado por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) el 28 del presente mes de septiembre, según ha adelantado el teniente de alcalde-delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de la ciudad turística tinerfeña, Luis Gómez. Esta previsión política nos ofrece una idea de la trayectoria burocrática que será necesario salvar hasta que se proceda a adjudicar las obras de este ambicioso proyecto para la revitalización del municipio y del conjunto de la comarca del Valle de La Orotava y, en definitiva, del Norte de la Isla, en franco retroceso económico y social con respecto a las áreas sureñas y metropolitana. La construcción del puerto deportivo y pesquero, que será aparejada a la realización del parque marítimo municipal, supondrá una inversión inicial de 180 millones de euros, aunque se está pendiente de saber qué modelo de gestión se escogerá para llevar a buen puerto, nunca mejor dicho, tales obras. El concejal Luis Gómez, que ha cumplido tres meses en el cargo desde que lo recuperó tras su reincorporación al gobierno de Coalición Canaria, en calidad de edil no adscrito, después de haber dejado las filas del PP, a consecuencia de la ruptura del pacto con los nacionalistas en agosto del pasado año, ha dicho que se decanta por el modelo de concesión privada para la construcción y explotación del proyectado muelle pesquero y deportivo, en consonancia con el criterio defendido por el consejero de Infraestructura del Gobierno de Canarias, Antonio Castro Cordobez. Sin embargo, también se sopesan otras alternativas como la adjudicación pública, otro de los aspectos que figuran en las previsiones del protocolo de financiación que suscribirán las administraciones regional, insular y local en octubre, según ha indicado el alcalde nacionalista, Marcos Brito. La idea de la conexión marítima con Santa Cruz de La Palma se mantiene inalterable en la administración local portuense y se apunta a la posibilidad de que se reforme sobre la marcha el proyecto de ejecución de la infraestructura portuaria local con vistas a dotarla de la mayor capacidad operativa posible.